Columna publicada en www.senado.cl el 10 de julio de 2009
Según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) la tasa de desocupación para el trimestre marzo-mayo 2009 se empinó en 10,2%. Asimismo,  el desempleo sólo en el Gran Santiago se situó en 12,8%, según la encuesta de la Universidad de Chile.

Las cifras son preocupantes, sobre todo considerando que debido a la estacionalidad podría haber más de 800 mil personas sin trabajo en los meses de invierno, afectando a más de tres millones de personas.

El desempleo es la cara más visible de un año complejo como éste, en el cual el crecimiento económico será lo más probable -en base a lo expuesto en el último Informe de Política Monetaria (IPOM) del Banco Central- negativo, teniendo la primera caída del producto desde 1999.

Sin embargo, esto no es un problema nuevo para el país y menos de exclusiva responsabilidad de la crisis económica mundial. Chile acarrea altas tasas de desocupación desde fines del trimestre previo a la crisis asiática, cuando  el número de desocupados a nivel nacional era cercano a los 300 mil y la tasa de desempleo era de 6,1%, es decir, en los últimos 10 años el país no ha logrado tener el desempleo bajo al 7%.

Lo anterior se debe entre otras cosas a que desde fines de los noventa la legislación laboral chilena ha tendido a rigidizar las condiciones laborales, ya sea imponiendo trabas a la generación de empleo o aumentando los costos laborales. Por una parte estas iniciativas pueden ser vistas con buenos ojos por las personas que se encuentran trabajando, no obstante, no son beneficiosas para los desempleados, ya que encarecen las contrataciones, desincentivando la creación de nuevos puestos de trabajo.  Dentro de las personas que han resultado más afectadas con las medidas se encuentran los jóvenes y las mujeres, puesto que la legislación les dificulta el trabajo y les pone trabas.

A todo esto se suma, como aseguran algunos economistas, que la tasa de desempleo real es más alta, puesto que una de las principales políticas públicas utilizada para enfrentar directamente este problema es la contratación de personas a través de los programas de empleo con apoyo fiscal (Peaf). Y si bien éstos dan empleo la solución sólo temporal y no ataca el fondo del problema.

En los últimos meses hemos visto que el Gobierno ha expandido el gasto fiscal con el objeto de ayudar a los más desvalidos a paliar los efectos de la crisis económica internacional, sin embargo, no hemos visto el mismo ímpetu para generar mejores condiciones para la creación de puestos de trabajo, que es la única forma para que las personas mejoren su calidad de vida.

Sin duda, que en estos meses el acento de las políticas públicas debiera ir en la línea no sólo de la preservación del empleo, sino que en la dirección de apoyar a las pequeñas y medianas empresas, quienes son las que generan más del 80% del empleo nacional.

Las últimas medidas del Gobierno contienen muchos elementos positivos y están bien encaminadas, pero todo indica que serán insuficientes para contrarrestar la crisis.

Chile además de lo ya mencionado necesita para la creación de empleos sólidos y consistentes reformas que permitan al mercado laboral responder con agilidad tanto frente a las oportunidades como a los problemas. Es decir, facilitar el trabajo a distancia y los contratos de tiempo parcial, medidas que en la actualidad funcionan con éxito en otros países y que son especialmente importantes para las mujeres y los jóvenes.

No podemos fiarnos sólo de los datos que indican que hemos tenido un buen manejo de la macroeconomía. Si bien fuimos muy ordenados al momento de ahorrar en tiempo de vacas gordas para tener un respaldo financiero en época de vacas flacas, eso no significa que después de la crisis la situación de los chilenos vaya a mejorar sustancialmente. Hay que corregir las rigideces del mercado laboral y apuntalar en forma urgente el crecimiento, ya que solo si Chile vuelve a crecer al 6% anual en forma sostenida, es posible crear en torno a 200 mil nuevos empleos por año.