A la reunión, convocada por el presidente de la Cámara Alta, Jovino Novoa, y en la que participó Juan Pablo Olmedo, presidente del Consejo de la Transparencia, que debe velar por la aplicación de esta ley, acudieron los representantes de entidades autónomas que tienen un tratamiento diferente al de la administración pública: los presidentes del Banco Central, José de Gregorio; del Tribunal Constitucional, Juan Colombo; la máxima autoridad del Poder Judicial, Urbano Marín, presidente de la Corte Suprema; el contralor general de la República, Ramiro Mendoza, y las autoridades del Congreso, ya que junto al senador, participó el timonel de los diputados, Rodrigo Alvarez.

Los asistentes señalaron que fue una reunión de coordinación y todos manifestaron una evaluación positiva, aunque ya se advierte la necesidad de introducir perfeccionamientos legales (ver recuadro).

Si bien el detalle del balance se espera para octubre, cuando se cumplirá un año de la instalación del Consejo, Olmedo adelantó cómo ha funcionado el sistema. Afirmó que, a la fecha, el organismo “ha recibido 192 reclamos por negativas de acceso a la información, que están actualmente en trámite. El consejo está emitiendo sus primeras resoluciones, que esperamos sienten directrices y jurisprudencia, que puedan ser tomadas en consideración por la administración del Estado”. Consultado dónde se han concentrado los reclamos, informó que están dispersos “en toda la administración del Estado” y también en regiones.

Agregó que el Consejo “no ha estimado a la fecha aplicar ningún tipo de sanción, entendemos que los amparos que hemos recibido han sido justificado y hemos ordenado la entrega de información de la manera en que se establece en cada uno de los casos y estamos en fase de seguimiento de cumplimiento”. Es decir, no ha habido casos de rebeldía, sino que los funcionarios han acatado lo establecido por la entidad.

INSTRUCTIVO

Olmedo aseguró que “pronto” estará listo el instructivo del Consejo en materia de “transparencia activa”, sobre la base de la evaluación del grado de cumplimiento que han mostrado los distintos servicios públicos, en cuanto a la información que deben publicar en sus páginas web sin esperar que alguien la solicite. En todo caso, destacó que existe gran cantidad de información, que “el balance que hacemos es positivo, esta ley se ha incorporado dentro de la institucionalidad”.

Finalmente destacó el encuentro con las autoridades de los órganos autónomos, para “intercambiar opiniones sobre cómo ellos están cumpliendo a su vez con las normas de transparencia activa que les impone la ley y el mandato contenido en el artículo octavo de la constitución, y es de esperar que este proceso armónico, pacífico dentro de nuestro país, vinculado a la cultura de la transparencia, se prolongue en el tiempo”.