Columna publicada en www.senado.cl el 31 de julio de 2009
En la última semana, hemos visto una secuencia de hechos lamentables en la Región de la Araucanía. Una nueva arremetida de tomas ilegales por parte de las comunidades mapuches de Ercilla y Cunco encendieron el clima en zona.  Lamentablemente, lo anterior fue sólo el inicio de una serie de hechos violentos: apedreos a un bus interurbano, un carabinero herido y manifestaciones de mapuches menores de edad.

Pese a lo grave de los hechos, estos parecen ser la tónica cada cierto tiempo, según un estudio de Libertad y Desarrollo desde el 2005 a la fecha la violencia mapuche en la zona ha aumentado un 34%.

Hay que hacer, eso sí, una clara distinción: el pueblo mapuche es pacífico; los protagonistas de estos hechos de violencia son una minoría dentro de la etnia. Es perfectamente posible pensar que este grupo minoritario podría tener algún tipo de entrenamiento dado en el extranjero, por las FARC colombianas, por ejemplo, lo que no sería extraño a la luz de la información recabada en el último tiempo.

El accionar de estos grupos ha se ha visto beneficiado por errores del Gobierno en su manejo de la situación.   Uno de los primeros errores y que validó el accionar irascible de los mapuches ocurrió en la administración de Ricardo Lagos, cuando se aplicó la política de “entrega de tierras a cambio de paz social”.

En ese momento una de las comunidades beneficiadas fue Temucuicui, quienes pese a que les fueron entregadas tierras, continuaron movilizados, puesto que consideraron que los terrenos eran insuficientes.

Lo anterior, además de validar los hechos de violencia, generó descontento en medio de las comunidades mapuches pacíficas quienes habían seguido todos los procedimientos legales para adquirir tierras.  Al mismo tiempo, el supuesto trueque de tierras por paz, no fue tal, ya que las acciones violentas aumentaron.

Las señales que ha dado el Gobierno respecto el tema no han sido las correctas, las políticas sistemáticas de las autoridades de negar la magnitud del conflicto indígena en las regiones de la Araucanía y Bío Bío están mermando el Estado de Derecho, que es el único marco que permite la convivencia pacífica en las sociedades modernas.

Que no se nos olvide que el Estado es el encargado de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y hacer que en Chile se respete el derecho de propiedad.

El resultado de las políticas sistemáticas del gobierno frente al tema es que se ha impedido el desarrollo normal de las zonas y no se han dado soluciones a los problemas reales de los pueblos originarios.