Columna Publicada en www.senado.cl el 27 de Marzo de 2009

Más allá de las declaraciones de autoridades de Gobierno de Chile y de
Perú, más allá de las percepciones que puedan existir a un lado y otro de la frontera están los hechos. Y los hechos muestran que Chile ha ejercido durante décadas su soberanía de manera ininterrumpida, respaldada por numerosos tratados internacionales. Y el hecho de que Perú venga ahora a reclamar lo que no es suyo no puede sino considerarse como un acto inamistoso. Acto que no tiene sustento hoy día y que no lo tendrá mañana.

El 16 de Enero 2008, Perú presentó en forma oficial una demanda de delimitación marítima en contra de Chile ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya.

Frente a esta situación, Chile reaccionó como siempre sosteniendo que con Perú no hay temas de delimitación pendiente y con relación al límite marítimo, éste se encuentra establecido en acuerdos internacionales suscritos entre ambas partes.

En efecto para Chile el acuerdo de 1952 suscrito entre Chile, Ecuador y Perú constituye el primer instrumento internacional, en que las partes ratifican la soberanía y jurisdicción exclusiva de cada nación hasta una distancia mínima de 200 millas.

Posteriormente esto fue ratificado en 1954, cuerpo legal que constituye una declaración inequívoca de la existencia de la delimitación marítima. De lo contrario, no tendría ninguna utilidad un convenio que buscara evitar los traspasos ilegales que se producían entre las flotas de ambos países.

Años más tarde, las actas de 1968 y 1969 vinieron a ratificar lo anterior.

A partir de entonces, la conducta de las partes ratifica la observancia de lo establecido en los tratados. Corresponde destacar la legislación interna de ambas naciones, los mapas tanto chilenos como peruanos que reconocen el paralelo como límite marítimo entre ambas naciones, las reglas de sobre vuelo observadas por las partes y sobre todo lo relativo a las sanciones que se aplicaron hasta 2004 en el puerto de Ilo a las naves peruanas, constituyen pruebas de lo anterior.

La presentación de la demanda por parte de Perú ha implicado una dificultad en el manejo de las relaciones bilaterales. Hay que considerar que en esta etapa los países se concentrarán en buscar evidencias y pruebas que avalen sus posturas. Considerando lo anterior Chile debe prevenir todas las situaciones que intente generar Perú con miras a fortalecer su posición, así como todas aquellas que impliquen una provocación a nuestros intereses.

Por otra parte, nuestro país debe continuar ejerciendo soberanía y jurisdicción sobre la zona cuestionada, esta tarea implica una gran coordinación entre los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa. Todos los esfuerzos deben estar orientados a facilitar esa coordinación.

Desde el punto de vista de la defensa de nuestra postura, la Cancillería chilena debe enfocar sus esfuerzos no sólo en un equipo técnico de primer nivel, sino que también en la comunidad internacional, la que debe ser informada de la posición chilena y de las consecuencias que para nuestro país y para el continente tendría un fallo desfavorable.

En suma, los argumentos chilenos son contundentes, lo que si bien nos debiera dar tranquilidad, no implica dejar de destinar todos los esfuerzos necesarios para robustecer nuestra posición y lograr que la Corte la ratifique. Esto implica ponerse en varios escenarios y buscar argumentos para contrarrestar los de la contraparte.

Cualquier reconocimiento a las pretensiones peruanas tendría fuertes implicancias para nuestro país, no sólo desde el punto de vista estratégico, en materias de defensa y seguridad, sino que también desde el punto de vista económico.

En efecto, en el peor de los escenarios, Chile podría perder un espacio importante de su mar territorial. Aunque este escenario es muy improbable, dada la fortaleza del fundamento jurídico chileno, siempre existe el riesgo de que el norte grande quede encerrado por territorio marítimo peruano si se acoge la segunda parte de la demanda, lo que comprometería gravemente la defensa y actividad pesquera chilena. Un cambio en la situación actual, es también rechazado por Bolivia y Ecuador, lo que hace que las repercusiones tengan un alcance mayor.

Para no ver afectada la posición chilena es necesario que las autoridades públicas y los líderes de opinión tengan cuidado a la hora de emitir opiniones. Lo que se requiere hoy día es prudencia en las opiniones y firmeza en las posiciones. También se requiere que todas las instituciones, incluidos los partidos políticos, aparezcan alineados en una misma postura, lo que hasta ahora se ha logrado en forma satisfactoria.

Por último, es importante entender que aquí la batuta la tiene el director de orquesta que, en este caso, es el Ejecutivo, quien contará con la colaboración de todos para adoptar las decisiones que mejor se acomoden a los intereses nacionales.

Tenemos todos los elementos a nuestro favor. Si seguimos actuando como lo hemos hecho hasta ahora, con unidad y con cautela, es muy probable que este conflicto se resuelva de manera favorable para Chile. Para ello contamos con lo más importante: hechos, no palabras.