Columna publicada en www.senado.cl

De tiempo en tiempo se publican encuestas que evidencian el mal pie en que se encuentra la evaluación de las instituciones del ámbito político: me refiero al Gobierno, a los partidos políticos y, por supuesto, al Congreso.

La realidad es preocupante. De acuerdo a la encuesta CEP de Diciembre de 2008 el Congreso es una de las instituciones peor evaluadas por la opinión pública (con 20% de aprobación), ubicándose por debajo del Gobierno (31%) y de las municipalidades (33%). Aunque para ser justos, de todas las instituciones de la muestra, los partidos políticos se llevan la peor parte: sólo un 8% de los encuestados señala que éstos de dan confianza.

Querámoslo o no, somos todos nosotros -ministros, parlamentarios, dirigentes políticos, alcaldes- responsables de la mala fama que tenemos ante la ciudadanía. Fama que nos hemos ganado a punta de rencillas públicas, casos de corrupción, falta de transparencia y otras faltas cometidas durante años. Es cierto que existe una mayoría que actúa con otros criterios: con respeto por el otro, con transparencia y de manera proba, pero bastan un par de casos aislados para empañar todo el conjunto.

Me preocupa que este año, que es un año de elecciones, en que normalmente existe una mayor tensión en el mundo político, se eche a perder el clima de convivencia. No sólo me preocupa el efecto que ello traería a nuestro ya mermado prestigio institucional, sino que porque se puede contaminar el debate y estancar la discusión de iniciativas relevantes para el progreso del país.

Una de las principales preocupaciones durante mi gestión será mantener la altura del debate parlamentario y resguardar el prestigio de la Corporación, para que hechos aislados no enturbien la labor que durante años han emprendido las anteriores mesas directivas.

Creo que la reciente modificación del reglamento, que busca ampliar las facultades de la Comisión de Ética, va en el sentido correcto. De ahora en adelante dicha comisión, presidida por el senador Núñez, funcionará en forma permanente y no sólo se abocará a los temas relacionados con la probidad, la ética y la transparencia, sino que también emitirá normas de buenas prácticas entre los senadores.

Las normas de buenas prácticas o de buena conducta buscan evitar, entre otras cosas, que existan agresiones verbales entre senadores o que estos se comporten de manera poco adecuada a su investidura. Se puede pensar erradamente que ello afecta principalmente a los parlamentarios involucrados, pero la verdad es que también implica el prestigio de todo el Senado.

Otra manera de cambiar la percepción negativa que se tiene de nosotros es abrir las puertas del Senado al escrutinio público, transparentando, en la medida de lo posible, todos los datos e información que se requiera. Para ello iremos un paso más allá de lo exigido en la Ley de Transparencia, que comienza a regir el 20 de abril, y aplicaremos, sin estar obligados a ello, normas de transparencia pasiva (que exigen entregar toda la información que se requiera dentro de un determinado plazo). Estoy seguro que todos los puentes que se tiendan con la gente contribuirán a mejorar la imagen del Senado y a prestigiar la actividad política. Ésta, a pesar de los sinsabores que deja en quienes la ejercemos y no obstante nuestros defectos, es una actividad noble e imprescindible para el desarrollo de los pueblos.

Al asumir la presidencia del Senado me comprometí a contribuir a elevar el nivel del debate político. Creo que esto es esencial no sólo para cuidar a las instituciones políticas, sino que porque el desprestigio de ellas afecta la percepción que se tiene sobre la democracia y la adhesión de la ciudadanía a ella.

Además, el desprestigio de la política, llevado a un extremo, puede dar pie a expresiones anti-sistémicas que pongan en juego la democracia y la estabilidad institucional del país.