Artículo de opinión
El Mercurio 17 de Mayo de 2009

Nuestro país pudo largamente enorgullecerse de la sobriedad y la austeridad exigidas especialmente a las autoridades nacionales y a la administración pública. Lamentablemente, con el paso del tiempo ellas han ido cediendo frente a un cúmulo de irregularidades administrativas y actos de corrupción que, con pocas excepciones, han afectado la imagen de los órganos y empresas estatales, y las encuestas han sido constantes en mostrar un deterioro de la valoración de las autoridades gubernamentales y de los parlamentarios.

Como esperanzadora reacción, sin embargo, nuevas normativas aspiran a devolver un sello de probidad y austeridad a los órganos públicos. En la recién vigente Ley de Transparencia se cifran grandes expectativas.

En igual sentido, es bienvenido todo gesto de los actores públicos que, por limitado que sea su alcance puramente dinerario, confirme la voluntad de enmendar rumbos. De allí la buena acogida brindada a la propuesta del presidente del Senado, Jovino Novoa, de reducir el presupuesto de gastos de la Cámara Alta en congruencia con este momento de crisis económica. Así, se disminuirían en 20 por ciento las sumas destinadas a variados egresos, comenzando con las correspondientes a la presidencia y la vicepresidencia de la misma y extendiéndose a las relativas al personal de los senadores. Dicha propuesta busca rebajar sustancialmente el presupuesto del Senado para el año actual, de 25 mil 700 millones de pesos, cifra que bien podría ser sobrepasada, como ha ocurrido durante los cinco años anteriores, si no se adoptan medidas como las contempladas en ella.

En igual sentido, el presiden-te de la Cámara Baja, diputado Rodrigo Álvarez, ha planteado en estos días un plan similar de ahorros en su corporación, con una meta de al menos 470 millones de pesos; mediante seis medidas espera reducir en uno por ciento el presupuesto anual, y él mismo bajará en 20 por ciento su asignación.

Cabe tener presente que la actual Ley de Presupuesto considera para el Congreso Nacional el equivalente al 28 por ciento de los gastos del Poder Judicial, lo que parece una desproporción, dado el tamaño de ambos poderes. Los gastos del Legislativo deben ajustarse a las circunstancias económicas que vive el país, para no lesionar la imagen del sistema político. De prosperar estas iniciativas, ciertamente prestigiarían al Congreso.