Columna Enero 2008

Diario Financiero

Impunidad terrorista.

Es inaceptable la impavidez del Gobierno frente a los graves atentados contra la propiedad y contra la vida de las personas perpetrados sistemáticamente por grupos terroristas que, escudados bajo el falso eslogan de la lucha por los derechos de los pueblos originarios, pretenden obtener beneficios a costa de la sociedad y a costa del propio pueblo mapuche.

La usurpación de terrenos, los incendios a predios forestales, la quema de camiones y, recientemente, el intento de homicidio a un ejecutivo de una empresa hidroeléctrica, son delitos que deben ser sancionados con todo el rigor de la ley para evitar que estos atentados se vuelvan generalizados. Muchos de estos hechos corresponden a actos terroristas y, por lo tanto, deben ser juzgados bajo la Ley Antiterrorista.

Sin embargo, el actual gobierno se ha negado a aplicar la Ley Antiterrorista por considerar que los delitos contra la propiedad no pueden sancionarse bajo esta legislación. Pero, más allá de las consideraciones políticas del gobierno de turno, es un hecho que esta ley puede aplicarse perfectamente en casos de delitos contra la propiedad (de hecho, así se ha hecho con anterioridad) y, con mayor razón, en casos de delitos contra las personas.

Además, de ser necesario, el Ejecutivo puede recurrir a la Ley de Seguridad Interior del Estado o puede decretar como Zona de Emergencia a los territorios más afectados. Pese a ello, bajo un falso dilema humanitario, el actual gobierno se ha rehusado a aplicar estas leyes, provocando una escalada de violencia muy difícil de frenar.

A estas alturas la presidenta Bachelet está presa de sus propias palabras. Al comienzo de su gobierno señaló que no aplicaría la ley antiterrorista contra mapuches porque “la justicia normal tiene suficiente fuerza para hacerlo”. Si bien se refería sólo a los delitos contra la propiedad, es evidente que la situación se le escapó de las manos, y que el atentado contra el ejecutivo mencionado anteriormente cambia todo el panorama.

Tengo el profundo convencimiento de que los grupos violentistas no representan al pueblo mapuche porque, lejos de proteger sus intereses, los perjudican. La instrumentalización del conflicto mapuche por parte de una minoría violenta no sólo en repudiable por las nefastas consecuencias que tiene para la sociedad en su conjunto, al ser violados los derechos de las personas, sino que perjudica especialmente a los miembros de esa etnia, en su mayoría pacíficos, quienes pueden ser juzgados equivocadamente por la opinión pública.

Asimismo, considero inaceptables las demandas del líder del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, y de la Coordinadora Arauco Malleco, quienes piden la devolución de las tierras, “del Bíobío al Sur”, que les pertenecerían a los mapuche ancestralmente, así como autonomía territorial. Dichas demandas sólo pueden ser satisfechas pasando por encima de los legítimos derechos de miles de personas y creando en la práctica un Estado dentro del Estado, lo cual afectaría profundamente el alma nacional. Chile es un país formado a lo largo de siglos por pueblos diversos y por el esfuerzo de todos. Estas reivindicaciones, en el fondo, buscan destruir a la Nación chilena.

Llegó la hora de poner punto final a las violaciones del Estado de Derecho. Los gobiernos de la Concertación han estado minimizando una situación de conflicto que se viene arrastrando por años, han estado tolerando la realización de conductas violentas de claro corte terrorista y no están aplicando en su plenitud las normas que el Estado de Derecho vigente en Chile dispone para este tipo de situaciones.