Columna publicada el 22 de septiembre en La Tercera

Que el 12% de los chilenos no tenga trabajo es consecuencia de un problema estructural de nuestra economía. Desde la crisis asiática, el crecimiento económico y el empleo dejaron de ser una preocupación fundamental del Ejecutivo, lo que ha traído como consecuencia que el desempleo promedio de la última década sea de 9%.

La principal causa del problema no está en los ciclos económicos ni en factores externos, sino en la incapacidad de nuestra legislación laboral de responder a los desafíos de un mundo global. En los últimos 30 años ha cambiado mucho la legislación laboral, sin embargo, los gobiernos de la Concertación han ido retrocediendo en la línea de flexibilizar el mercado.

La regulación del mercado laboral es una necesidad básica e imprescindible y su principal objetivo debe ser velar por la protección de los trabajadores y sus familias. Pero, también, una buena legislación laboral debe dar facilidades para la creación de empleos, garantizando puestos estables y de calidad.

Si se le ponen camisas de fuerza al sistema, pensando que con ello se protege a los trabajadores, en definitiva, lo que se logra, es que existan menos fuentes de trabajo. La rigidez del mercado laboral en las prácticas de contratación y despido sólo contribuye a una mayor ineficiencia, pues, entre otras cosas, impide a las empresas administrar el personal según las contingencias.

Las posibles soluciones, como establecer máximos a las jornadas laborales que contemplen un período más largo de referencia o incentivar la modificación de contratos de común acuerdo, de manera que en situaciones especiales -como crisis económica o de alto desempleolas partes puedan acomodarse a las nuevas condiciones, son normalmente rechazadas por razones políticas o por grupos de presión que no necesariamente representan a la mayoría de los trabajadores.

Asimismo, el actual sistema de pago de indemnizaciones por años de servicio tiene escasa cobertura y restringe significativamente al empleador en su capacidad de reajustar sus plantas de trabajo.

La solución dista de enfocarse sólo en el seguro de desempleo. Hay que avanzar hacia esquemas basados en la capitalización de cuentas individuales de indemnización a todo evento, complementadas con un seguro de desempleo.

Una medida paliativa a los altos costos de despido es crear regímenes salariales participativos, es decir, que el sueldo de los empleados tenga un porcentaje variable según las utilidades de la empresa.

Una de las principales deudas del mercado laboral es la baja participación femenina. Mientras el 53% de las mujeres latinoamericanas participa activamente en el mercado laboral, sólo el 40% de las chilenas lo hace. Peor aun: casi el 70% de las inactivas quiere trabajar, pero no pueden hacerlo por falta de oportunidades y, principalmente, por los obstáculos que nuestro propio mercado laboral les impone.

Aspirar a que Chile acceda a los selectos clubes de países desarrollados pasa no sólo por quererlo. Pasa. fundamentalmente, por leer bien las cifras, incluso aquellas que no nos gustan, porque evidencian nuestras fallas. Y pasa, por cierto, por permitir que el mercado laboral se mueva con más holgura y ofrezca oportunidades a quienes hoy no las tienen.

Con los índices de pobreza y desempleo existentes no nos podemos dar el lujo de que Chile duerma una siesta. Dejemos de pensar con una mirada pequeña y pongamos los esfuerzos en mejorar la legislación laboral para que el 13,8% -tasa de desempleo real- de los chilenos que no tienen trabajo encuentren una solución a sus problemas.