Los presidentes del Senado, Jovino Novoa, y de la Cámara de Diputados, Rodrigo Álvarez, lanzaron este jueves un Plan  de Modernización del Congreso Nacional con miras al Bicentenario, con el objeto de perfeccionar la transparencia y el control sobre el uso de recursos públicos en el Parlamento.

El plan consta de ocho medidas que buscan externalizar la determinación de los montos de las asignaciones parlamentarias y la creación de un ente autónomo que resguarde el bien uso de estas. Novoa destacó que este es “un salto gigantesco, puesto que hoy no existe un control interno en el Congreso”.

En la Biblioteca del Congreso de Santiago, ambos timoneles destacaron que esta es la primera etapa de un plan modernizador que contempla también el perfeccionamiento de la tramitación de las leyes y de la administración interna.

“Lo que proponemos apunta a fortalecer el prestigio del Congreso y por lo tanto nuestra democracia”, explicó Novoa, quien además agregó que el objetivo es “profundizar la transparencia (…) agregando un control profesional establecido de una forma en que dé garantías”. 

Los presidentes de ambas Cámaras señalaron que “a más tardar el 11 de marzo de 2010 estás medidas, en caso de ser aprobadas por los parlamentarios, deberían entrar en vigencia”.

En esta primera etapa de modernización los timoneles del Congreso plantearon la creación de un Consejo Resolutivo de Asignaciones, encargado de determinar el monto, contenido y alcance de las asignaciones de los parlamentarios. “Nos interesa que nunca más un diputado o un senador participe en la determinación de sus asignaciones, y que todo diputado y todo senador, tenga que rendir cuenta de sus asignaciones”, enfatizó Álvarez.

El Consejo estará formado por un ex senador y un ex diputado, que hayan cumplido al menos dos periodos legislativos; dos ex decanos de facultades de Economía y Administración de universidades del Consejo de Rectores,  y un ex miembro del Tribunal Constitucional, que será quien presida la instancia. Los integrantes serán propuestos por las Comisiones de Régimen Interior y elegidos por 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio. 

Y la instauración de un Comité de Auditoría Parlamentaria, encargado de controlar el origen y monto de las asignaciones. “Si el comité detecta alguna falta conductual, los antecedentes irán a parar a las comisiones de ética de cada cámara. Y si la falta constituye delito, el comité enviará los antecedentes a la justicia”, detalló el presidente del Senado. 

El Comité estará compuesto por tres miembros, el primero será una persona con al menos 10 años de experiencia en la Contraloría General de la República o en firmas de auditoría; el segundo a partir de una terna presentada por el Consejo de Transparencia y el otro a través de una terna presentada por la Alta Dirección Pública. La ratificación de los miembros se realizará del mismo modo que la de los integrantes del Consejo Resolutivo de Asignaciones.

Asimismo, propusieron perfeccionar las declaraciones de intereses y de patrimonio de los parlamentarios y la consagración, en la Ley Orgánica Constitucional (LOC), de un procedimiento de transparencia pasiva.

En ese sentido, plantearon también hacer una reforma a la Ley de Presupuesto, para que esta incluya las glosas referidas a las platas del Poder Legislativo. Al mismo tiempo, buscan que  la LOC consagre la existencia de los comités parlamentarios – dotándolos de personalidad jurídica –  y de una Comisión de Ética o Conductas Parlamentarias y Transparencia.

Las ocho medidas anunciadas por Novoa y Álvarez serán presentadas el próximo martes a la Comisión Mixta para que sean discutidas en el marco del proyecto de Ley Orgánica Constitucional del Congreso.