Además de las obligaciones que fija la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la Corporación, el Senado apostó a ir más allá de lo dispuesto en dicho cuerpo legal, haciendo suyas las normas sobre entrega de información que están establecidas sólo para los órganos de la administración del Estado.

Así lo informó el Presidente de la Cámara Alta, senador Jovino Novoa, al término del encuentro que sostuvo con su homólogo de la Cámara de Diputados, Rodrigo Álvarez, y el presidente del Consejo para la Transparencia, Juan Pablo Olmedo.

Según explicó el titular del Senado, la Corporación y la entidad encargada de velar por el cumplimiento y la puesta en marcha de la citada ley, acordaron trabajar coordinadamente en la implementación de este cuerpo legal.

“El Senado va a hacer dos cosas. Lo que está obligado por ley lo va a cumplir estrictamente, esto quiere decir que tenemos que dar toda la información sobre la organización del Senado, sus funcionarios, sean de planta o de contrata, los contratos que haga el Senado, el nivel de remuneraciones y en general toda la información sobre cómo funciona el Senado”, señaló el senador Novoa.

Agregó que respecto de los senadores, se mantendrán en la página web de la Corporación, las dietas y asignaciones que perciben y también la forma en que se gastan. En tal sentido, recordó que aún cuando no era obligatorio, esta información está disponible desde hace un par de años.

MÁXIMA TRANSPARENCIA

En segundo término, el senador Novoa precisó que “más allá de eso, hemos establecido que el Senado va a contestar toda la información que se solicite, en los mismos términos en que está establecido en la Ley de Transparencia. Vale decir, vamos a tener formularios de solicitud, nos vamos a regir por los plazos que la ley le impone a la administración pública para dar información y la información sólo se va a poder negar en los casos en que la ley lo establezca”.

Al respecto, el Presidente de la Cámara Alta aclaró que todas esas normas que son obligatorias para los órganos de la Administración del Estado, pero que para otras instituciones como el Congreso, el Poder Judicial y el Banco Central son distintas, “en el caso del Senado lo queremos hacer igual al resto de la administración pública, de la misma forma en que obligatoriamente está establecido”.

El legislador enfatizó que a partir del próximo lunes 20 de abril, cuando entre en vigencia el citado cuerpo legal, comenzará una cultura distinta y un cambio completo de mentalidad, pues cualquier persona podrá acceder a información pública.

“Esto es un proceso que comienza el 20 de abril, en otros países ha tardado tres años en llegar a una transparencia completa y a un acceso fácil a la información. Nosotros esperamos que en Chile cumplamos esa meta dentro del menor plazo posible”, señaló.

En tal sentido, manifestó que junto al presidente del Consejo para la Transparencia analizaron cuáles son los principales problemas que se han visto en esta etapa previa a la aplicación de la ley.

“Seguramente con la experiencia va a ser necesario, a lo mejor, hacer algunas modificaciones a ley, pero quedamos de hacer una colaboración entre el Congreso y el Consejo para la Transparencia de manera de hacer realidad esto que hoy día está en el papel, que es que la información es abierta para todos los chilenos y que cualquier ciudadano que necesite la información la puede obtener del Estado”, explicó.

En su opinión se debería fijar un plazo de dos años para evaluar el funcionamiento de la ley y ver qué correcciones se pueden hacer.

No obstante, señaló que hay algunas cosas que pueden tardar más tiempo y a modo de ejemplo citó el caso de México, donde existe un solo portal para toda la información del Estado, por lo que se hace más fácil saber cuánta información se solicita, dentro de qué plazo y cuántas son denegadas. Sin embargo advirtió que ese sistema tardó cerca de cinco años en implementarse.