27 de Julio de 2007

Columna del Senador Jovino Novoa

Diario Financiero

Quien nada hace nada teme.

Sorprende la rápida defensa que realizan dirigentes oficialistas frente a la investigación de presuntos hechos de corrupción cometidos durante los gobiernos de la Concertación. Cada vez que surgen nuevos antecedentes sale algún ministro a blindar al Gobierno de cualquier responsabilidad, en vez de cooperar y poner a disposición la información necesaria para dilucidar los hechos.

Esta actitud “a la defensiva” fue precisamente la que asumió el ministro Belisario Velasco luego de conocerse el eventual pago de sobresueldos a funcionarios del ministerio de Justicia con recursos de Gendarmería. Lo mismo sucedió a fines del año pasado cuando personeros de la misma Concertación denunciaron la existencia de una ideología de la corrupción. En ambos casos el instinto de ministros y parlamentarios oficialistas fue salir a defender en vez de cooperar y, simultáneamente, atacar a los denunciantes.

Llama la atención esta actitud, porque como dice el dicho popular, “quien nada hace, nada teme”. Si efectivamente existen casos aislados de corrupción y no un uso sistemático de los recursos públicos con fines políticos ¿entonces porqué esta actitud obstruccionista y cerrada? El Gobierno debería ser el principal interesado en erradicar estos focos de corrupción y asumir una postura activa denunciando, transparentando, colaborando.

En vez de ello, lo que se observa es una defensa institucional, que tiene su raíz en una lealtad mal entendida con los correligionarios y la errada convicción de que el daño político que arrojan las investigaciones es mayor que el beneficio público que se gana al sanear los organismos estatales. Además, en el caso de los sobresueldos existe la creencia de que es un instrumento legítimo para equiparar el sueldo del sector público con el del sector privado.

Hay quienes incluso intentan empatar las irregularidades con hechos ocurridos durante el Gobierno Militar. Otros se escudan en el acuerdo entre Insulza y Longueira del año 2003, con el argumento de que se habría firmado una amnistía política a todos los casos de corrupción ocurridos hasta ese momento.

Pese a que en la práctica el Gobierno no ha ayudado en las investigaciones, algunas han logrado avanzar gracias al esfuerzo de personas como la ministra Gloria Ana Chevesich, quien acaba de dictar nuevas condenas relacionadas con el pago de sobresueldos desde el MOP. Asimismo, acaba de conocerse que el fiscal de la Quinta Región, Jorge Abott, solicitaría el desafuero a al menos uno de los dos diputados implicados en el uso electoral del Programa de Generación de Empleo.

Otras causas, en cambio, están aún en pañales. Hace una semana la Corte Suprema designó a un ministro en visita para investigar las irregularidades ocurridas en la Empresa de Ferrocarriles del Estado. Por otra parte, la Contraloría General de la República colaborará en la revisión de los contratos a honorarios de Gendarmería, a través de la recién creada Unidad de Auditorías Especiales.

Si estas investigaciones contaran con un respaldo total desde el Gobierno podrían acelerarse los fallos y no extenderse por años, perjudicando a veces a personas inocentes. Con ello se daría, además, una potente señal a favor de la probidad y la transparencia, habida cuenta de que el Acuerdo de Modernización firmado en la era Lagos parece no haber sido suficiente.