Columna publicada en La Tercera.

El Presidente Piñera anunció el domingo que no promovería una ley de indulto general con motivo del Bicentenario de nuestra independencia, poniendo término a un debate que amenazaba con dividir aun más al país.

El rechazo anticipado de parte de la Concertación frente a la propuesta de indulto presentada por la Iglesia Católica, el lenguaje odioso que se utilizó para oponerse y la presión ejercida para bloquear un indulto general y no discriminatorio le hacen mal al país, porque reviven fantasmas del pasado que no ayudan a recomponer el alma nacional.

Es lamentable que el paso del tiempo y los avances que hemos hecho como sociedad no hayan contribuido a curar viejas heridas y que algunos sectores se muevan todavía por el rencor y la venganza, impidiendo que las nuevas generaciones puedan enfrentar el futuro de manera desprejuiciada y abierta.

Las propuestas que hicieron tanto la Iglesia Católica como las evangélicas daban un margen de acción amplio para que el Congreso y el gobierno pudieran encontrar una solución satisfactoria a este tema que se venía discutiendo desde hace un año. Involucro al Parlamento, porque era evidente que el debate se había generado en torno a un indulto general u otras medidas que requieren de una ley. La expectativa no estaba centrada en la facultad presidencial de otorgar indultos particulares, considerando que el Presidente ya había dicho que no usaría tal facultad o lo haría en forma excepcionalísima.

El tema era otro. La Iglesia Católica, tal como lo había hecho en el pasado, promovía gestos de excepción por consideraciones humanitarias (en razón de la avanzada edad del condenado o de una enfermedad grave que lo afectara). La propuesta era ecuánime, no discriminatoria -al aplicarse por igual a uniformados y civiles- y no ofendía el sentido de justicia de los chilenos, ya que proponía sólo reducciones parciales de pena y no beneficiaba a los autores de delitos graves.

Sin embargo, sectores de la Concertación, pese a que en el pasado indultaron a narcotraficantes y homicidas, y apoyaron el 2004 una ley de indulto general para terroristas (promovida desde la propia Iglesia), rechazaron tajantemente la proposición del Episcopado.

Un indulto para el Bicentenario no podía ser un perdonazo generalizado, pero sí pudo haber sido un gesto de clemencia. Por desgracia, primó la consigna de que no habrá perdón ni olvido. Porque seamos claros: una ley de indulto general, por restringido que fuera el beneficio, obligaría a distinguir por la gravedad de los delitos y por el grado de responsabilidad del autor, no pudiendo excluirse a un grupo determinado.

Tratándose de militares -al igual que en todo delito- las responsabilidades son individuales y no todos los que cometieron violaciones a los derechos humanos tienen el mismo grado de responsabilidad. No entender esto es actuar sesgadamente y con sentido de venganza, no de justicia.

Ante la inviabilidad de una ley de indulto general, que exigía la voluntad de todos los sectores, el Presidente decidió asumir, a través del indulto particular -sistema de resabios monárquicos que todos decían querer abolir- la responsabilidad exclusiva en la solución de un problema que nos correspondía a todos resolver.

La reacción de la oposición y de quienes se resisten a toda forma de reconciliación impidió hacer un gesto especial en el Bicentenario. Espero que el alma nacional permita, en el futuro, un grado de misericordia hacia todos y no sólo con aquellos que estuvieron a un lado de la trinchera en el pasado.