Abogado Eduardo Riquelme ingresó a equipo que analiza alternativas:

RN se suma a la estrategia UDI para judicializar el Transantiago

Grupo investigará primero las responsabilidades penales y civiles de los funcionarios que siguen en el Gobierno.

PATRICIO GONZÁLEZ y CAROLINA VALENZUELA

Renovación Nacional se integró de manera oficial a la estrategia diseñada por el senador Jovino Novoa y aprobada posteriormente por el Consejo General de la UDI, de explorar todos los antecedentes necesarios para llevar a tribunales a los responsables del diseño e implementación del Transantiago.

RN, que inicialmente se había mostrado reticente a la idea, designó al abogado del comité de senadores de ese partido, Eduardo Riquelme, para sumarse al equipo de trabajo ya formado dentro de la UDI y que encabeza Giovanni Calderón.

Riquelme tiene vasta experiencia en la tramitación de casos de corrupción vinculados al Gobierno, ya que ha trabajado en las investigaciones de Chiledeportes, los programas generales de empleo en Valparaíso y fue abogado querellante contra el alcalde de Coquimbo, Pedro Velásquez, por eventual malversación de fondos públicos.

El equipo conjunto de la Alianza sostuvo el pasado jueves su primer encuentro de trabajo en la sede de la Fundación Jaime Guzmán entre las 18 y 20:30 horas, donde se definió la estrategia de trabajo.

Para ello se dividió el trabajo entre los integrantes y se fijaron las primeras líneas de acción.

Según trascendió la primera y más urgente de ellas será investigar primero las responsabilidades penales y administrativas de las personas que fueron responsabilizadas por el mal diseño e implementación del Transantiago en el informe de la Cámara de Diputados y que actualmente continúan en sus cargos de gobierno.

El informe de la Cámara de Diputados, que fue aprobado el 19 de diciembre pasado, sindicó entre otros y con distintos grados de responsabilidad como culpables de implementar el Transantiago en forma negativa al actual subsecretario de Transportes Danilo Núñez, el seremi Pablo Rodríguez, y los ministros de Obras Públicas, Eduardo Bitran, y de Hacienda, Andrés Velasco, quienes serán los primeros objetivos de la Alianza.

El equipo acordó que este objetivo era “prioritario” debido a la pasividad demostrada por la Presidenta Michelle Bachelet y la aparente falta de voluntad política de su Gobierno para sancionar a los responsables tal como lo recomendó la Cámara.

Precedente

También se conversó largamente sobre el clima de impunidad que se ha producido luego del fracaso del Transantiago, por lo que es necesario establecer sanciones con el doble objetivo de que los responsables no sigan a cargo del plan y que se establezca un precedente para que nunca más se vuelva a repetir una experiencia similar.

El grupo que encabeza Calderón volverá a reunirse durante la primera semana de enero para continuar su trabajo durante todo el verano y tener establecidos los primeros caminos judiciales en marzo, a más tardar.

Según se explicó al minuto del inicio del trabajo, el grupo también investigará responsabilidades administrativas que pasará a la Contraloría General, para que se apliquen las sanciones correspondientes.

La tesis de trabajo de los abogados de la Alianza es la existencia en la implementación del Transantiago de “negligencia inexcusable” de parte de las autoridades de la Concertación.

Demandas en tribunales

Actualmente son tres las demandas que han sido interpuestas en tribunales en contra del Transantiago.

La primera fue presentada en agosto y todavía está en trámite. Es una demanda por interés difuso colectivo basado en la Ley del Consumidor, que exige que los operadores del Transantiago indemnicen con $1 millón a las casi 1.200 personas.

La segunda es una demanda ordinaria por indemnización de perjuicios presentada por un grupo de abogados encabezados por Felipe Betancourt en representación de 879 usuarios y que exigen una indemnización de $20 millones cada uno. Esta demanda, que fue declarada admisible por el 11° Juzgado Civil y ya se inició el juicio.

La más reciente, también ordinaria, es del 10 de diciembre y fue presentada por el abogado Betancourt, por otros 888 particulares que exigen $20 millones cada uno como indemnización y que está pendiente.

PLAZO

Marzo Equipo de abogados de la Alianza tiene planificado ingresar a Tribunales en marzo próximo las primeras querellas por el fracaso del Transantiago.

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