Ofensiva gremialista se anunció horas después de que Patricia Troncoso depusiera ayer la huelga de hambre que realizó durante 112 días. Frente a las dudas sobre la legalidad de la medida, ni en el Ministerio de Justicia ni en Gendarmería entregaron una versión respecto de si correspondían los beneficios otorgados.

D. Labarca, A. Neira y F. Palomera
A sólo horas de que la activista pro mapuche Patricia Troncoso, “La Chepa”, pusiera fin a la huelga de hambre que inició hace 112 días, la UDI anunció que pedirá a la Contraloría General de la República impugnar la decisión de La Moneda de concederle libertad condicional los fines de semana y el traslado a un centro especial de Gendarmería.

El reclamo se materializará mañana, a las 10.30 horas, cuando el senador Jovino Novoa, la diputada Marisol Turres y el abogado de la tienda gremialista Marcos Velásquez se reúnan con el contralor Ramiro Mendoza, a quien le solicitarán que evacue un informe en el que se verifique si -en este caso- se cumple el reglamento penitenciario respecto del otorgamiento de libertades condicionales u otros beneficios.

“Creemos que el contralor dictaminará que el ministro del Interior no tiene facultades para ejecutar este tipo de acuerdos”, planteó Velásquez.

La ofensiva gremialista pretende demostrar que en el acuerdo alcanzado con Troncoso -que es extensivo a otros dos reos mapuches y del cual es garante monseñor Alejandro Goic- se obviaron requisitos fundamentales para otorgar cualquier beneficio penitenciario.

Se trata del informe sicológico, que busca establecer el grado de conciencia que tiene el reo respecto del delito realizado y el informe del consejo técnico penitenciario, que revisa la gravedad de la pena, el número de ilícitos cometidos y si participa de actividades de reinserción en la cárcel. Ninguno de estos pasos se habría cumplido en el caso de “La Chepa”.

En el gremialismo acusan al jefe de gabinete, Edmundo Pérez Yoma, de “instrumentalizar instituciones para darle salida política a un tema puntual”. “Esto no es una estrategia, sólo queremos denunciar a un gobierno que incurre en ilícitos”, acusa Turres.

Las dudas sobre la legalidad del acuerdo con “La Chepa” ha complicado a La Moneda, donde sólo han insistido en el argumento de la importancia de la vida humana.

ALIVIO EN LA MONEDA
“Vencimos el orgullo y la arrogancia de un gobierno y nos llenamos de generosidad para dejar de lado los intereses personales y mezquinos”. Con estas palabras, grabadas en un pendrive y dadas a conocer por la vocera de la red de apoyo de la causa mapuche, Sara Huenulaf, en la puerta del Hospital Herminda Martin de Chillán, Patricia Troncoso dio por concluida su huelga de hambre. Ello, pese a haber sostenido hasta último momento que no depondría la medida de presión mientras Gendarmería no estableciera, a través de un documento, el acuerdo suscrito entre ella y el gobierno.

La activista sólo cedió en su última demanda tras una nueva intermediación de monseñor Goic. El prelado -quien estuvo en contacto permanente con Pérez Yoma, Francisco Vidal y José Antonio Viera-Gallo durante los últimos días- había dado garantías de que Troncoso formalizaría el término de su protesta.

El alivio llegó poco antes de las 13 horas, cuando Goic llamó a La Moneda para avisar que Troncoso estaba dispuesta a dejar el ayuno sin obtener un documento firmado por el gobierno.

Pocos minutos después, Vidal manifestó que el gobierno daba “por cerrado” el caso, mientras Goic se alegraba, porque la solución alcanzada evitaba el inminente “estallido social” que se hubiera provocado tras una eventual muerte de la activista.

Con esta solución, el gobierno apuntaba a disminuir las críticas recibidas por la eventual vulneración del reglamento penitenciario, las mismas que motivaron a la UDI a concurrir a Contraloría.